Notas de vigencia 2017

Resumen: Colombia vive un momento de inflexión. Silenciados los fusiles se escucha con ímpetu la exigencia de la ciudadanía de ponerle fin a la corrupción, un monstruo de mil cabezas que
amenaza con llevarse por delante la democracia. Esa tarea exige el compromiso ciudadano para que la ética marque el destino colectivo y permita el surgimiento de una nueva sociedad en un Estado moderno y eficiente. Un factor fundamental de esa misión es brindar herramientas que posibiliten a los servidores públicos, y en especial, al operador disciplinario el ejercicio de su función.
Hay mucha retórica frente a la lucha contra la corrupción. La profunda desconfianza ciudadana en la política nace de la perdida de fe de la ciudadanía en la justicia. La lucha contra ese flagelo exige un pacto de Estado, que vaya más allá del nuevo gobierno, y convoque a los colombianos a unirse en torno a ese tema. La corrupción no puede ser solo un eslogan de campaña o una bandera electoral. Vencer la corrupción debe ser el tema prioritario del nuevo Jefe de Estado, y para ello se necesita deponer los odios y actuar con responsabilidad en la construcción de un acuerdo fundacional para recuperar la ética antes de que sea tarde.
Recuperar la confianza en las instituciones pasa, además, por vencer la polarización. Es urgente hallar escenarios de convivencia. Colombia tiene que encontrar caminos de confluencia en temas esenciales, para dejar atrás los años de guerra y construir un mejor futuro. Luchar contra la corrupción debe ser un llamado a la unidad contra esa epidemia.
La Corte Constitucional ha precisado que el derecho disciplinario pretende garantizar
“la obediencia, la disciplina y el comportamiento ético, la moralidad y la eficiencia de los servidores públicos, con miras a asegurar el buen funcionamiento de los diferentes servicios
a su cargo”; este cometido se vincula de manera íntima al artículo 209 de la Carta Política porque sin un sistema punitivo dirigido a sancionar la conducta de los servidores públicos,
resultaría imposible al Estado garantizar que la administración pública cumpla los principios de “igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad” a que
hace referencia la norma constitucional.
Mucho se ha trasegado en el campo disciplinario, desde cuando aparece la figura de Procurador General de la Nación en el Reglamento Provisional para el establecimiento del Poder
Judicial, expedido por el Congreso Nacional de Angostura el 25 de febrero de 1819, antes de constituirse la República de Colombia, como una propuesta para ser insertada en la primera
Constitución, que inicialmente fue fallida; luego su institucionalización en la Constitución de 1830, pasando por la famosa Ley 200 de 1995 –primer intento de compilación disciplina- 6 código disciplinario único con notas de vigencia · 2017 ria– hasta llegar a la Ley 734 de 2002 con sus múltiples modificaciones como las incluidas por el Estatuto Anticorrupción –Ley 1474 de 2011–, dicha norma sigue vigente, a pesar de
que el estudio de un nuevo Código desde hace ya varios años ha sido solo una expectativa.
Esta reedición del Código Disciplinario Único contribuye al desarrollo de las labores de la Procuraduría y a la consolidación de una cultura de la ética.
Esta edición constituye la sexta actualización al texto, desde el año 2010, realizada por el Grupo de Relatoría y en ella se plasma la norma concordada con 131 actos administrativos, expedidos desde la entrada en vigencia de la ley hasta el 31 de diciembre de 2017, y algunos de la vigencia 2018 debido a su importancia. Igualmente, se incluyen las notas de vigencia de 86 pronunciamientos de la Corte Constitucional y 104 pies de página basados en decisiones judiciales del Consejo de Estado y Tribunales Superiores relacionados con el tema disciplinario.
Adicionalmente, se incluye un análisis sobre los 14 temas de mayor pronunciamiento por parte de la entidad en el último año, en relación con los principales actos administrativos de carácter general, expedidos por la Procuraduría con destino a las diferentes entidades y servidores públicos, en los cuales se les exhorta para el cumplimiento de sus obligaciones y sus deberes funcionales; destacándose, entre otros, las circulares conjuntas sobre el saneamiento contable, la aplicación de cuotas, la modificación al ingreso base de liquidación para las pensiones, el certificado de antecedentes disciplinarios para los venezolanos, y por supuesto, las nueve decisiones expedidas entre 2017 y 2018 relacionadas con la aplicación de la ley de garantías y las actividades propias de los certámenes electorales de este 2018.
El texto se presenta en versiones física y digital, e incluye anexos considerados de interés; así como la totalidad de las sentencias y de los actos administrativos que en él se referencian. Como novedad, en el documento digital se incluyen 25 actos administrativos analizados bajo el formato “Sabía Usted”, publicado en la página de Relatoría.
Este documento es una herramienta de consulta para la labor del operador jurídico, porque contiene los lineamientos para el cumplimiento de la función del servidor público e información para todos aquellos que aspiran a hacer parte de la administración pública, a los congresistas electos y, lógicamente, para el público en general, pues la socialización de
las leyes posibilitan el ejercicio de la participación ciudadana. Nuestra máxima es clara: se recupera la ética o el país se derrumba.

Biblioteca Nacional de Colombia Donación 10 de Octubre de 2019